La iniciativa fue aprobada en el Pleno del 16 de noviembre de 2007 por el tripartito (PNV, EA y EB), EHAK y Aralar. El documento se sustenta en "la alarma social provocada por la posibilidad de la existencia de malos tratos y torturas" en las comisarías del Estado español. En este sentido, se indica que "en un Estado de Derecho moderno y democrático, es la propia posibilidad de que se produzcan torturas y malos tratos lo que hay que erradicar".

El texto detalla que "la creencia que han producido en la opinión pública las denuncias, que se interponen continuamente, y las significativas sentencias condenatorias que se han ido promulgando durante los últimos años por la tortura es que el de la tortura es un problema bastante extendido".

Respecto a la instalación de cámaras, el documento propone que "las autoridades responsables de la custodia de toda persona detenida, realizarán las grabaciones en los locales de detención, de forma que se compatibilice la garantía de sus derechos fundamentales e intimidad con la seguridad de los funcionarios intervinientes".

El segundo punto de la propuesta se refiere a la derogación de los artículos 520 bis y 527 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que regulan el régimen de incomunicación para los detenidos por determinados delitos entre los que se encuentra el terrorismo.