EAJ-PNV, EA y Mixto- Ezker Batua/Berdeak presentan para su debate en Pleno una Proposición No de Ley relativa a la documentación del Gobierno Vasco depositada en Salamanca.

Actualmente existe depositada en Salamanca parte de la documentación incautada ilegalmente al Gobierno de Euskadi en la República y el exilio, documentación original del Gobierno de Euskadi. Las instituciones y representantes políticos vascos mantienen viva la reivindicación sobre la documentación vasca incautada durante la guerra civil y depositada en Salamanca. Leire Corrales, parlamentaria de EAJ-PNV, recuerda que, “ya el senador Manuel de Irujo realizó la primera reivindicación de dichos documentos en 1978 y, desde entonces, partidos e instituciones y, especialmente, el Gobierno Vasco desde los años ochenta, han mantenido esa reivindicación”.

La parlamentaria jelkide opina que, “el fondo del Archivo del Gobierno Vasco en la República representa no sólo a su administración, sino que, como tal, en una sociedad democrática como era la que se estaba dibujando en aquellos años, forma parte del Patrimonio colectivo de la sociedad vasca actual”. Corrales subraya que, “aquellos documentos originales sólo tienen sentido en su ubicación natural, que no es otra que el Centro de Patrimonio Documental del Gobierno Vasco, IRARGI, y en un futuro próximo en el Archivo Nacional de Euskadi, que se construirá esta legislatura”.

Leire Corrales recuerda que, “el Gobierno de Rodríguez Zapatero, por razones de justicia histórica, de devolución de un botín de guerra, y por razones de oportunidad política, tenía que entregar los papeles de la Generalitat de Catalunya”. “Lo ha hecho, de lo cual nos alegramos”, remarca, pero, “siendo la ley igual para todos, por la misma causa y las mismas razones, debería y debe hacer lo mismo con los papeles del Gobierno Vasco”, apunta. Corrales saluda las palabras de la Ministra de Cultura en el Senado refiriéndose al Fondo de Archivo del Gobierno Vasco en la República: “hablando de verdad histórica, son algunos de los documentos más importantes de la existencia de esa institución democrática legítima y legal, de un marco constitucional como el republicano, que se expolian con fines de represión (...)”, pero, insta al Gobierno español a que, “pase de las palabras a los hechos”.