La Comisión especial del Parlamento vasco sobre los hechos ocurridos en Vitoria el 3 de marzo de 1976 ha aprobado hoy un dictamen que denuncia "las responsabilidades políticas" de los entonces ministros de Interior, Manuel Fraga; Relaciones Sindicales, Rodolfo Martín Villa; y Presidencia, Alfonso Osorio, en estos sucesos, en los que cinco personas murieron como consecuencia de una carga de la Policía Armada contra una asamblea de trabajadores.

 

El documento, que deberá pasar por el pleno para su aprobación definitiva, salió adelante con el apoyo de los grupos del tripartito (PNV, EA, EB) y el PSE.

 

El trabajo denuncia que la versión oficial existente hasta ahora "falta a la verdad", y califica de "desproporcionadas" las instrucciones para el desalojo de la asamblea de trabajadores que se estaba celebrando el 3 de marzo de 1976 en la iglesia de San Francisco de Asís del barrio vitoriano de Zaramaga.

 

El dictamen de la Comisión, ante la que han comparecido historiadores, víctimas, testigos y periodistas, enmarca los hechos en un contexto de "conflictividad laboral" en el que, entre otros factores, concurrían cuestiones como un reciente decreto de congelación salarial. No obstante, se reconoce que las protestas tenían "una dimensión política que trascendía de la demanda estrictamente laboral".

 

El documento establece que "no es posible determinar la importante cuestión de si existió o no un plan preestablecido" para que la Policía impidiera la celebración de la asamblea "con la violencia finalmente empleada".

 

No obstante, considera "fehacientemente probado" un conjunto de "causas generales que dieron lugar a esos sucesos". Entre ellas, se encuentra "el uso irresponsable y homicida de armas de fuego para responder a un problema de orden público y de origen laboral", así como "la inadecuada dotación y preparación del operativo policial". Todo ello, en un contexto de "falta de libertades esenciales que caracterizaba la situación sociopolítica del país".

 

Asimismo, apunta a "las instrucciones desproporcionadas que incitaba a desdeñar los derechos humanos más elementales" y la existencia de órdenes "procedentes de alguna instancia de la línea de mando, cuyo vértice era el Gobierno de España". Además, señala que dichas órdenes fueron ejecutadas por funcionarios del Estado "sin que se hayan determinado responsabilidades personales".

 

No obstante, establece que, de estas causas, "dimana la existencia evidente de responsabilidades políticas" en los entonces ministros de Interior, Manuel Fraga; Relaciones Sindicales, Rodolfo Martín Villa, y Presidencia, Alfonso Osorio. Ninguno de ellos accedió a la petición de comparecer ante la Comisión.